La polémica envuelve las obras públicas realizadas mediante contratación directa por el Gobierno provincial.

Durante la semana, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito, había cuestionado una auditoría realizada sobre su gestión por el Tribunal de Cuentas (TC), y había instado al ente de control a revisar la millonaria inversión del PE para construir el estadio de hockey del club Natación, en el parque 9 de Julio.

El ex funcionario alperovichista, en sus declaraciones, mencionó a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que realiza tareas en ese predio. Y el titular de esta repartición, Raúl Basilio, salió a contestarle. "Que hagan cualquier clase de auditoría (en esa obra), no hay ningún tipo de problemas. Está todo rendido en tiempo y forma", afirmó Basilio, ante una consulta de LA GACETA. Y sostuvo: "el ingeniero Brito trata de sembrar mantos de dudas; es la política que está teniendo últimamente".

En los Tribunales
En agosto del año pasado, Brito renunció luego de que el Tribunal de Cuentas detectara presuntos sobreprecios en un proyecto de restauración de la fachada de Casa de Gobierno. Tras esto, la legisladora radical Silvia Elías de Pérez llevó una denuncia a la Justicia penal, en la que sostuvo que el ex titular de la DAU es responsable de supuestas anomalías que implicarían daño a las arcas del Estado.

La causa ya pasó por tres fiscalías. La jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera, resolvió en julio pasado que el titular de la Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, llevara el caso. Durante la semana, el investigador elevó una auditoría del TC sobre la gestión de Brito para que peritos contables del Ministerio Público Fiscal de la Corte Suprema emitan un dictamen. Ese informe podría resultar clave para la pesquisa, y fue elevado en mayo pasado a la fiscala de Instrucción Adriana Reinoso Cuello, quien se inhibió en la causa aduciendo violencia moral por parte de Elías de Pérez.

Ese documento, que lleva la firma del titular del ente de control, Miguel Chaibén Terraf, detectó anomalías en 86 de 423 trabajos realizados por vía de contrato directo (Ley N° 7.960) durante la gestión de Brito, de 2008 a 2011. Fuentes del TC indicaron que aún se está revisando otro centenar de tareas efectuadas en 2012, cuando el ex director se la DAU renunció.

Brito, actual asesor del senador alperovichista Sergio Mansilla, cuestionó a Chaibén Terraf por haber elevado el informe a la Justicia sin la intervención del Departamento Judicial de esa oficina. "Las más de 600 obras que se hicieron mientras estuve a cargo de la DAU ya fueron revisadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas, y ratificadas en la respectiva Cuenta de Inversión de cada año", agregó. Y desafió al TC a que audite la obra en el club Natación, por la que el Poder Ejecutivo dispuso -gracias a la ley 8.475- una inversión de $ 10 millones a través de la contratación directa.

Basilio, titular de la DPV y uno de los responsables de las tareas, aseguró que no tiene problemas en que se realicen otras auditorías. "Lo que se está haciendo está amparado por las normas vigentes. Que (Brito) lea bien la ley, artículo por artículo", insistió el funcionario.

Además, remarcó que la labor está a la vista de todos. "No es la primera vez que alguien hace denuncias por este tipo de leyes (que habilitan los contratos directos). Pero existe un convenio específico que permite trabajar dentro del club. Se debe tener en cuenta que es una obra que el Estado financia en su totalidad", sostuvo Basilio.

Así, el encargado de Vialidad trató de aclarar el panorama respecto a la millonaria inversión para la cancha de hockey. Pero quien había iniciado la polémica y había pedido la inspección del proyecto fue alguien que pertenecía al propio Ejecutivo.